Cómo se reparte el presupuesto anual en salud en España

Aventura Universal » General » Cómo se reparte el presupuesto anual en salud en España

El presupuesto anual en salud se ha convertido en uno de los grandes termómetros para entender en qué punto está el Sistema Nacional de Salud (SNS) y cómo se reparte el esfuerzo entre las administraciones públicas y los hogares. En los últimos años, los datos oficiales muestran un aumento constante del gasto sanitario, tanto público como privado, pero también una creciente presión sobre los recursos, una ciudadanía más exigente y una brecha importante según el nivel de renta.

Todo esto se enmarca en un contexto de envejecimiento poblacional, auge de la cronicidad, impacto de nuevas tecnologías sanitarias y efectos prolongados de la pandemia de covid‑19, y el papel de la ciencia impulsa la innovación. A partir de la información oficial del Ministerio de Sanidad, de las estadísticas de gasto sanitario y de los presupuestos autonómicos más recientes, puede trazarse una imagen muy completa de cómo se financia y organiza la sanidad en España, qué peso tiene sobre el PIB, cómo percibe la población su salud y qué retos vienen marcando la agenda política y económica.

Estado de salud de la población y principales indicadores

Según el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud, la mayoría de la ciudadanía española tiene una percepción bastante positiva de su salud. En 2023, alrededor del 74% de la población consideraba que su estado de salud era bueno o muy bueno, con una brecha clara entre hombres y mujeres: los hombres alcanzaban en torno al 78%, mientras que las mujeres se situaban sobre el 70,2%.

Esta percepción no es homogénea, ya que el nivel educativo influye de forma notable. Entre las personas con estudios superiores, cerca del 82,9% valoraba su salud como buena o muy buena, mientras que entre quienes tenían menor nivel educativo el porcentaje descendía hasta alrededor del 69,7%. La relación entre educación, estilo de vida y salud se hace muy evidente en estas cifras.

Tras el impacto de la covid‑19, varios indicadores se han ido recomponiendo. La esperanza de vida al nacer se sitúa en unos 83,8 años, con diferencias importantes por sexo: en torno a 86,3 años para las mujeres y unos 81,1 para los hombres. Estas cifras superan los niveles previos a la pandemia y colocan nuevamente a España como uno de los países con mayor longevidad de la Unión Europea, con una ventaja aproximada de 2,5 años respecto a la media comunitaria.

Prevención, vacunación y mortalidad

En el ámbito de la prevención, los datos del Ministerio de Sanidad reflejan un avance relevante en las coberturas vacunales. La campaña de vacunación antigripal 2023/24 alcanzó una cobertura del 67% en personas de 65 o más años, lo que significa un incremento superior al 23% frente a las campañas previas a la pandemia, cuando la gripe se consideraba a menudo un problema menor.

La vacunación infantil también mantiene un desempeño muy sólido. La primovacunación en la infancia supera el 95% en todas las vacunas del calendario sistemático, y en el caso de la poliomielitis, la DTPa (difteria‑tétanos‑tos ferina), Hib, hepatitis B, meningococo C y neumococo, las coberturas rebasan incluso el 98%. Esto consolida al SNS como un sistema con altísimo grado de protección frente a enfermedades inmunoprevenibles.

Cuando se analiza la mortalidad, se observa que las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos siguen siendo las principales causas de defunción, aunque con una tendencia de fondo a la baja. Entre 2013 y 2023, la mortalidad por tumores ajustada por edad se redujo en torno a un 12%, con descensos algo más marcados en los hombres que en las mujeres.

La cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular también muestran una reducción acumulada cercana al 30% en la última década (aproximadamente un 30,1% y un 29,4%, respectivamente). Sin embargo, el suicidio sigue siendo un problema grave de salud pública: la mortalidad por esta causa es mayor en hombres y alcanza sus tasas más elevadas en el grupo de 85 años o más, lo que pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la salud mental en todas las edades.

Gasto sanitario público: peso en el PIB y evolución

En términos macroeconómicos, el gasto sanitario público en España alcanzó en 2022 cerca de 99.347 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 7,4% del PIB y a unos 2.079 euros por habitante. Si se observan los últimos cinco años, el aumento del gasto público sanitario ronda el 28,4%, mostrando una trayectoria claramente expansiva tras los años de ajustes derivados de la crisis financiera.

Tradicionalmente, el mayor impulso al gasto sanitario público se produjo en la etapa de crecimiento económico previa a la Gran Recesión, sobre todo tras completarse el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades autónomas en 2002. La crisis iniciada en 2008 provocó un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas y, a partir de 2010, muchas autonomías recurrieron a políticas de contención del gasto que se tradujeron en recortes o congelaciones en sanidad.

A partir de 2014, el gasto público sanitario retoma una senda de crecimiento sostenido, y en 2020, en plena crisis de la covid‑19, supera por fin en términos reales el nivel de 2009. Según datos ajustados a precios constantes de 2015, en 2022 el gasto público sanitario llegaba a unos 96.279 millones de euros, consolidando esa tendencia expansiva.

En la estructura del gasto, alrededor de un 60% se destina a servicios de asistencia curativa y de rehabilitación, es decir, a la atención directa a los pacientes en hospitales, centros de salud y otros dispositivos asistenciales. Este peso estructural muestra hasta qué punto los recursos se concentran en la actividad asistencial frente a otras áreas como la salud pública o la prevención.

Gasto sanitario privado y esfuerzo de las familias

Junto al sector público, el gasto sanitario privado representa en torno al 2,6% del PIB, y cerca del 72,5% de ese monto sale directamente del bolsillo de los hogares, principalmente para productos farmacéuticos, dispositivos terapéuticos (gafas, audífonos, etc.) y atención dental. El gasto medio declarado en bienes y servicios sanitarios se sitúa en torno a 497,2 euros por persona, un 22,4% más que en 2018.

Si se amplía la perspectiva temporal, el gasto privado en salud muestra una tendencia claramente creciente en lo que va de siglo. Entre 2003 y 2022, el gasto privado real se incrementó aproximadamente un 50% y ya supone alrededor del 25,9% de todo el gasto en salud. Dentro de este bloque, el mayor dinamismo lo han tenido las aseguradoras privadas, cuyo gasto se ha disparado un 88% en el periodo, mientras que los pagos directos de las familias (que son el 72% del gasto privado) han crecido un 42%.

La única interrupción de esta subida se produjo en 2020, por el freno en el uso de la sanidad privada durante las restricciones por la pandemia, pero desde ese año la senda alcista se ha retomado y en 2022 el gasto privado se acercaba a los 33.606 millones de euros (en términos constantes de 2015). Todo ello indica que los hogares asumen un papel cada vez más relevante en la financiación de la salud.

De hecho, las familias se hacen cargo de una serie de prestaciones que apenas están cubiertas por la cartera de servicios del SNS, como la salud bucodental (salvo excepciones), buena parte de las ópticas, los audífonos o determinados productos terapéuticos, además del copago farmacéutico. También recurren a centros privados para reducir tiempos de espera o acceder a ciertos especialistas, y crece con fuerza la contratación de seguros privados de salud.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, en 2023 las familias españolas gastaron de media unos 631 euros por persona en salud. Aproximadamente la mitad se dedicó a gafas graduadas, lentes de contacto y otros equipos terapéuticos (en torno a 182 euros), y a seguros de salud (unos 131 euros). La otra mitad se repartió entre productos farmacéuticos y otros productos médicos (sobre 116 euros), servicios dentales (88 euros), servicios médicos y hospitalarios (68 euros) y servicios auxiliares como pruebas diagnósticas, rehabilitación, psicología o fisioterapia (en torno a 46 euros).

Cambios en el patrón de consumo sanitario privado

El peso de la salud en el presupuesto de los hogares ha ido aumentando; en 2023, el gasto sanitario suponía cerca del 4,8% del total del presupuesto familiar, frente al 3,4% en 2006. Aunque sigue siendo una proporción relativamente moderada gracias al carácter universal del SNS, la tendencia es claramente al alza.

La mayor parte del gasto sanitario de las familias sigue concentrándose en aparatos y equipos terapéuticos (gafas, audífonos, etc.), que rondan el 28,8% del total, si bien su peso ha ido bajando (en torno al 34,4% en 2010). También se reduce la proporción destinada a servicios dentales (14% en 2023 frente a casi el 18% en 2010) y a la atención médica y hospitalaria pagada directamente por los pacientes.

Este descenso relativo se compensa por la subida de otras partidas, especialmente los seguros privados de salud, que representan ya en torno al 20,7% del gasto sanitario familiar, casi cinco puntos más que en 2010. A ello se suma el incremento del gasto en productos farmacéuticos, que alcanza aproximadamente el 18,3% del total, y el fuerte crecimiento de los servicios médicos auxiliares (pruebas diagnósticas, rehabilitación, psicología, fisioterapia, etc.), cuyo peso se ha multiplicado hasta llegar a un 7,3% del gasto.

Este cambio se refleja también en el repunte de la actividad asistencial de los hospitales privados ajenos al SNS, sobre todo en consultas externas. Aunque en términos absolutos el volumen de consultas en estos centros supone alrededor del 23% de las consultas externas totales (frente a los hospitales públicos y concertados), su crecimiento desde 2010 es espectacular: un 133% más, frente al 20% de aumento en los hospitales del SNS.

La actividad diagnóstica en estos centros privados -resonancias, TAC, angiografías digitales, biopsias, etc.- también ha crecido con más intensidad que en los hospitales públicos, lo que sugiere que una parte de la demanda se desplaza hacia la sanidad privada en busca de rapidez, tecnología o flexibilidad horaria.

Desigualdades de renta y acceso a la salud

Las diferencias de gasto sanitario privado están muy marcadas por el nivel de ingresos de los hogares. En 2023, las personas que vivían en hogares situados en el tercer tercil de renta (los de nivel más alto) gastaron unos 938 euros por persona, casi cuatro veces más que quienes residían en hogares del primer tercil (los de menos ingresos), que apenas llegaron a 265 euros.

Quienes cuentan con mayores recursos económicos gastan más en todas las funciones sanitarias, pero la brecha es especialmente grande en algunos ámbitos. En servicios médicos y hospitalarios, por ejemplo, el gasto medio es ocho veces mayor en el tercil alto (unos 127 euros) que en el bajo (alrededor de 16 euros). En seguros de salud, el diferencial es de cinco a uno (213 euros frente a 42).

En servicios auxiliares (rehabilitación, psicología, fisioterapia, pruebas diagnósticas, etc.), las personas con más renta gastan unas 3,3 veces más que las de menor ingreso (alrededor de 67 euros vs. 20 euros), y de 2,4 a 2,8 veces más en farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos y servicios dentales. Llama la atención que también gastan más en medicamentos porque suelen asumir un copago más elevado.

Estas diferencias se agrandan precisamente en los servicios que dependen casi por completo de la financiación privada. Aunque la cartera de servicios del SNS es muy amplia, hay prestaciones que, en la práctica, quedan fuera: buena parte de la salud bucodental, la rehabilitación y fisioterapia prolongadas o la optometría, por ejemplo. En una sociedad avanzada, son servicios muy demandados, pero el acceso depende del bolsillo de cada cual.

Cuando son las familias quienes tienen que pagar directamente estos servicios, la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud se resiente, especialmente para las personas con menos recursos, que pueden renunciar a tratamientos necesarios o retrasarlos por motivos económicos. Esto plantea un reto de equidad que no se resuelve únicamente aumentando el gasto total, sino revisando qué se cubre y cómo.

Una de las vías que se plantea en el debate experto es ampliar la cartera de servicios del SNS con coberturas básicas de estos ámbitos excluidos, al menos para los colectivos con mayor dificultad económica. Entre las posibles fórmulas se barajan bonos o vales para acudir a centros privados, la prestación directa y gratuita en centros públicos o modelos mixtos. La elección del instrumento debería apoyarse en análisis rigurosos y experiencias piloto, como las de algunas comunidades autónomas que ya han implementado coberturas complementarias.

Valoración ciudadana del sistema sanitario y accesibilidad

En cuanto a la percepción global, alrededor del 55% de la población considera que el SNS funciona bien o bastante bien. La nota media que la ciudadanía otorga al sistema ronda los 6,28 puntos sobre 10, algo por debajo del 6,74 registrado en 2019, antes de que la pandemia tensara al máximo los servicios.

Los dispositivos mejor valorados son los servicios de urgencias (061/112) y la hospitalización, con puntuaciones en torno a 7,4 y 7,2 puntos respectivamente. La atención primaria obtiene una calificación próxima a 6,29 y la consulta hospitalaria en torno a 5,87, lo que refleja cierto malestar con la accesibilidad y la experiencia en la consulta programada.

Uno de los retos que más se repite es la coordinación entre niveles asistenciales. Aproximadamente el 45,1% considera que la coordinación entre atención primaria y hospitalaria es buena, mientras que cerca de un 19,5% la ve claramente deficiente. Esta falta de engranaje se deja notar sobre todo en el seguimiento de pacientes crónicos, en los reingresos y en los circuitos de derivación.

Las listas de espera constituyen otra gran fuente de preocupación. En atención primaria, sólo un 22,3% de los pacientes fue atendido el mismo día o al siguiente de pedir cita; alrededor del 70% tuvo que esperar de media unos 8,7 días. En el entorno hospitalario, el plazo medio para la primera consulta se sitúa alrededor de 105 días y el de las intervenciones quirúrgicas programadas ronda los 126 días, cifras similares a las de los años previos.

Actividad asistencial y recursos del SNS

La magnitud de la actividad asistencial ilustra por qué el presupuesto anual en salud supone una partida tan relevante en las cuentas públicas. En atención primaria, el SNS llega a gestionar más de 241 millones de consultas médicas al año y alrededor de 143 millones de consultas de enfermería. De estas, aproximadamente el 29,5% de las médicas y el 11,2% de las de enfermería se realizan mediante teleconsulta, un recurso que se consolidó con la pandemia y ha llegado para quedarse.

En los hospitales públicos se registran alrededor de 90 millones de consultas médicas y unos 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas anuales, de las cuales casi la mitad (49,6%) se efectúan en régimen ambulatorio. El sistema dispone de más de 117.000 camas en funcionamiento y unos 21.102 puestos de hospital de día, un volumen que da idea del tamaño de la red hospitalaria.

En términos de personal, la red asistencial del SNS agrupa a alrededor de 786.747 profesionales, una muestra de las profesiones con más éxito y demanda. Entre ellos se cuentan unos 176.918 médicos y 227.098 profesionales de enfermería, con plantillas que han crecido especialmente en hospitales y servicios de urgencias desde la crisis sanitaria de la covid‑19.

Para cubrir las necesidades de especialistas, en el periodo 2024/2025 se convocaron aproximadamente 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada, lo que supone un incremento cercano al 5% respecto a la convocatoria anterior. Es un paso importante para asegurar el relevo generacional, aunque persisten problemas en especialidades muy demandadas y en ciertas zonas geográficas.

Digitalización, interoperabilidad y datos en salud

El SNS ha acelerado en los últimos años su transformación digital y la interoperabilidad entre comunidades autónomas. La Historia Clínica Digital y la Receta Electrónica Interoperable permiten que un paciente pueda ser atendido en otra comunidad y que sus datos clínicos y recetas estén disponibles, facilitando la continuidad asistencial.

En 2024, se dispensaron alrededor de 17,4 millones de envases con receta electrónica a personas que se encontraban fuera de su comunidad de origen, lo que pone de manifiesto la importancia práctica de estos servicios en un país con alta movilidad interna y turismo sanitario.

Además, se ha consolidado el uso del canal “Mi Carpeta Ciudadana” como punto de acceso digital a la Historia Clínica Digital del SNS. Este canal concentra ya más de la mitad de las consultas ciudadanas (alrededor de un 55,5%), lo que demuestra que, cuando la tecnología es útil y sencilla, la población la adopta sin demasiados reparos.

Peso de la sanidad en los Presupuestos Generales del Estado

La sanidad ocupa una posición destacada dentro del conjunto de partidas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado. A través de la Estadística de Gasto Sanitario Público, el Ministerio de Sanidad ha reflejado que en 2022 el gasto sanitario público alcanzó aproximadamente los 92.072 millones de euros, el 6,8% del PIB, con un gasto per cápita de 1.927 euros, 68 euros más que en 2021.

En el periodo 2018‑2022, el gasto sanitario público creció en torno a un 6,7% anual de media, frente a un incremento medio del PIB de alrededor del 2,8%. En 2018, el gasto público sanitario se situaba en unos 71.112 millones de euros, con un gasto por habitante de 1.522 euros, lo que refleja el salto cuantitativo de los últimos años, impulsado en buena medida por la pandemia y la necesidad de reforzar plantillas, infraestructuras y tecnología.

Presupuesto sanitario autonómico: radiografía por comunidades

Más allá de las cifras estatales, el verdadero “campo de juego” del presupuesto anual en salud se encuentra en las comunidades autónomas, que gestionan la mayor parte del gasto sanitario. Los presupuestos de 2025 y 2026 muestran un escenario complejo, con un gasto al alza en todas las regiones, aunque con estrategias y ritmos diferentes.

Cataluña

En 2025, Cataluña trabajó con presupuestos prorrogados, pero con una particularidad: el Departament de Salut pudo gastar en 2025 a un nivel similar al real de 2024, ejercicio en el que el gasto efectivo superó los 16.000 millones de euros, pese a que el presupuesto inicial rondaba los 12.800 millones. Con los ajustes y fondos adicionales, el gasto sanitario efectivo de 2025 se sitúa en torno a 16.500 millones.

Antes de fijar ese techo de gasto, se aprobó un aumento del 3,2% del gasto devengado autorizado, el máximo permitido por las reglas fiscales europeas. Salud fue uno de los departamentos con mayor incremento absoluto, con unos 636 millones extra, principalmente para reforzar la atención primaria (aproximadamente +190 millones) y mejorar las condiciones retributivas del personal.

Un punto clave es la creación de un fondo extraordinario de unos 800 millones para contener el gasto desplazado y reforzar la sostenibilidad del sistema, lo que eleva el crecimiento sanitario total a unos 1.436 millones, alrededor del 12,6%. Cataluña mantuvo además una intensa actividad inversora, con unos 3.064 millones en infraestructuras y equipamientos en las cuentas de 2024, el nivel más alto desde 2011, incluyendo ampliaciones hospitalarias y mejoras en otros sectores ligados a los determinantes sociales de la salud.

Para 2026, el Govern no ha logrado todavía un acuerdo parlamentario para aprobar nuevas cuentas, por lo que planea la continuidad del modelo prorrogado, aunque se ha fijado un techo de gasto de unos 40.524 millones, un 7,1% más que los 37.827 millones estimados para 2025. Esto deja margen para seguir reforzando la sanidad, pero con una gobernanza presupuestaria compleja.

Comunidad de Madrid

En 2025, la Comunidad de Madrid destinó alrededor de 10.459,7 millones de euros a la sanidad, la cifra más alta de su historia, lo que equivale aproximadamente al 36% de su presupuesto autonómico. La atención primaria absorbió unos 2.622,4 millones, consolidándose como pilar estratégico, con la apertura de nuevos centros de salud y la incorporación de más profesionales.

La salud mental se configuró como otro eje prioritario, con nuevos recursos para dispositivos infantojuveniles, unidades de hospitalización y centros centrados en adicciones comportamentales. En infraestructuras hospitalarias se movilizaron más de 380 millones, destinados a proyectos emblemáticos como la Ciudad de la Salud, el Hospital de la Sierra Norte y reformas en grandes hospitales como el Gregorio Marañón o el de Móstoles.

También se impulsó la renovación tecnológica con equipos de protonterapia y planes avanzados de equipamiento. Entre las medidas singulares destacaron nuevos recursos para pacientes con ELA, un centro de neurorrehabilitación en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y una unidad diagnóstica avanzada para enfermedades neurodegenerativas. En prevención, el calendario vacunal se amplió, incluyendo la inmunización frente al virus respiratorio sincitial en adultos, y se reforzaron los programas de cribado poblacional.

De cara a 2026, el presupuesto sanitario madrileño sube hasta unos 11.009,5 millones (+5,3%), manteniendo el 36% del total de las cuentas. La atención primaria vuelve a situarse en el centro con unos 2.896 millones (un 10,4% más), entre ellos 104 millones para 24 nuevos centros de salud. La atención hospitalaria dispone de unos 7.228 millones (+3,8%), con continuidad en las grandes obras. Además, se incorporan programas innovadores como “Salud Mujer” (12 millones) y “Senior Plus” (4 millones), y se proyecta la primera residencia específica para pacientes con ELA.

Galicia

Galicia plantea para 2025 un presupuesto sanitario de aproximadamente 5.458 millones de euros, un 5,1% más que el año previo, que representa alrededor del 40% de su presupuesto total. El refuerzo de personal es clave: se destinan unos 2.300 millones a recursos humanos (+6%) y se crean 1.412 nuevas plazas, de las cuales unas 523 se vinculan a la reducción de jornada y unas 790 al proceso de estabilización.

La atención primaria recibe en torno a 1.668 millones (+5,4%), con la mirada puesta en la atención domiciliaria, la ruralidad, la digitalización y el desarrollo de cirugía menor ambulatoria en centros de salud. La atención hospitalaria suma unos 3.478 millones (+5,1%), con 50 millones para la compra de nuevo equipamiento, expansión de cribados, desarrollo de terapias CAR‑T, impulso de la secuenciación genética y refuerzo de la cartera de servicios.

La salud pública cuenta con aproximadamente 88,5 millones de euros, incluidos unos 41 millones para un programa vacunal considerado de los más completos del mundo. En infraestructuras, se destinan unos 268 millones a renovaciones y nuevas construcciones, con proyectos como el Hospital Novo Montecelo, el nuevo hospital de A Coruña y la ampliación de los complejos de Ourense y Santiago. La red de centros de salud se refuerza con 46,5 millones y la digitalización sanitaria suma unos 60 millones, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para diagnóstico y gestión de datos.

Para 2026, el presupuesto gallego crece hasta unos 5.671 millones (+3,9%). El gasto en personal sube hasta unos 2.460 millones (+2,75%), con otras 1.244 plazas nuevas. La atención primaria aumenta hasta alrededor de 1.747 millones (+4,75%), mientras que la inversión real alcanza unos 448 millones, con 227 millones para hospitales. La comunidad impulsa además proyectos de cuidados paliativos pediátricos, nuevas unidades de urgencias hospitalarias, ampliación de psicología clínica y mayor refuerzo en salud pública (96,4 millones, con 48,2 millones para vacunas).

Aragón

El proyecto de presupuestos de Aragón para 2026, ya aprobado por el Gobierno autonómico pero pendiente de validación en las Cortes, asciende a unos 9.145 millones de euros (+7%). De esta cantidad, unos 3.002 millones se destinan a sanidad (+9%), lo que significa superar por primera vez la barrera de los 3.000 millones en gasto sanitario.

La modernización de infraestructuras sanitarias constituye uno de los ejes centrales, con el inicio del nuevo Hospital Royo Villanova y reformas en hospitales como Alcañiz, Teruel, Calatayud o el Miguel Servet. También se impulsan nuevos centros de salud en Utebo, Cuarte, Zuera, Arcosur y Caspe, respondiendo al crecimiento demográfico y a la necesidad de mejorar la accesibilidad.

En paralelo, Aragón destaca por su apuesta tecnológica: incorporación de robots quirúrgicos, expansión de la radioterapia y mejora de la logística farmacéutica, con pagos a un plazo muy corto que refuerzan la sostenibilidad financiera. El modelo sanitario aragonés insiste en la combinación de más profesionales, más equipamiento y mayor eficiencia para reducir listas de espera y garantizar una atención de calidad.

Comunidad Valenciana

Para 2025, la Comunidad Valenciana fija un presupuesto sanitario de unos 9.186,9 millones de euros. De esa cifra, alrededor de 8.699,4 millones corresponden a operaciones corrientes (gasto asistencial y de funcionamiento) y unos 487,5 millones a operaciones de capital (inversiones).

La mayor partida recae en la Atención Hospitalaria, con unos 4.398,2 millones de euros, seguida de la Atención Primaria, que ronda los 1.746 millones. Las prestaciones farmacéuticas suman aproximadamente 1.477,4 millones, reflejando el peso de los medicamentos y productos sanitarios en las cuentas autonómicas.

El gasto en personal sanitario residente se sitúa en torno a 215,5 millones, y la atención sanitaria de media y larga estancia cuenta con unos 128,7 millones. En salud pública, los centros específicos reciben unos 77,4 millones, a los que se añaden 87,3 millones del programa general de Salud Pública. Salud Mental y Adicciones concentran alrededor de 192,1 millones, en línea con el refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica.

En conjunto, el capítulo de gastos de personal asciende a aproximadamente 4.419,8 millones, mientras que la compra de bienes y gastos de funcionamiento suma unos 2.869,5 millones. Las inversiones reales alcanzan 471,8 millones, reforzando infraestructuras, tecnología y equipamientos. Para 2026, el Consell optó por prorrogar estos presupuestos de 2025, lo que mantiene la estructura de gasto pero limita la capacidad de introducir grandes giros.

Andalucía

En 2025, Andalucía presenta un presupuesto sanitario global de unos 15.247,3 millones de euros. Dentro de esta cifra destacan partidas como 5.171 millones para Atención Primaria, 572,2 millones para inversiones, 53,5 millones para Atención Temprana y 91,5 millones para Salud Pública, lo que da una idea del peso de la sanidad en las cuentas autonómicas.

Para 2026, el presupuesto sanitario andaluz se eleva hasta unos 16.265 millones de euros, equivalente a alrededor del 31,5% del total autonómico, con un crecimiento del 6,7% respecto al año anterior. El gasto sanitario por habitante se sitúa cerca de 1.887 euros, un 61% más que en 2018, marcando un máximo histórico. La Consejería subraya que este volumen supera el gasto anual total de autonomías como Galicia y solo queda por debajo de comunidades como Madrid, Cataluña o la propia Comunidad Valenciana.

Las líneas estratégicas de 2026 pasan por la ampliación y estabilización de la mayor plantilla histórica del Servicio Andaluz de Salud, con unas 4.371 nuevas plazas: 486 para nuevos centros de salud, 1.046 para refuerzo hospitalario, 705 vinculadas a cribados, 675 en atención primaria, 875 para nuevas carteras de servicios y 79 para sistemas de información. El capítulo de personal asciende a unos 7.663 millones (+7,3%), y el gasto en bienes y servicios ronda los 5.000 millones.

La atención primaria recibe cerca de 5.472 millones (+5,8%), mientras que la hospitalaria absorbe alrededor de 10.257 millones (+6%). Andalucía destaca por su apuesta en terapias avanzadas, salud mental, atención temprana y digitalización, con unos 156 millones para transformación digital y 316 millones para la Estrategia de Salud Digital 2030. Las inversiones en infraestructuras alcanzan 587 millones pese a la reducción de fondos europeos, con 61 obras sanitarias previstas para 2026.

Si se mira atrás, ya en 2018 el Servicio Andaluz de Salud contaba con unos 9.013 millones, el mayor presupuesto de su historia hasta ese momento, dentro de unas cuentas autonómicas de 34.759,5 millones. El gasto no financiero era de 30.628,92 millones (+3,9%), en un contexto en el que la Junta de Andalucía presumía de ser la primera comunidad en presentar sus presupuestos y de usar el crecimiento económico para reforzar el Estado del Bienestar.

Aquel presupuesto andaluz de 2018, marcado por un fuerte énfasis social, destinaba 2.183 millones a empleo y desarrollo económico, aumentaba Educación (+3,8%) y Servicios Sociales y Dependencia (+7,4%), y mantenía la sanidad como un eje central. La entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, subrayaba que el objetivo era trasladar la recuperación económica a las familias mediante más renta disponible y mejores servicios públicos.

Las cuentas incluían también nuevos derechos como la Renta Mínima de Inserción Social (198 millones) y la bonificación de las matrículas universitarias. Además, ningún empleado público a jornada completa cobraría menos de 1.000 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2018. El presupuesto se había elaborado con una previsión de crecimiento del 2,6% del PIB andaluz, por encima de la zona euro, y situaba el PIB nominal en torno a los 166.000 millones.

Pese al perjuicio percibido del sistema de financiación autonómica, que obligaba -según la Junta- a aportar 2.197 millones propios extra a los servicios públicos, Andalucía mantenía un nivel de inversión de unos 3.709 millones (el 12,1% del gasto no financiero), un esfuerzo aproximadamente doble que el del Estado en sus propios presupuestos vigentes. La gestión se presentaba como solvente y sostenible, compatible con bajadas selectivas de impuestos y un incremento notable del gasto social.

En 2018, las partidas de salud crecían un 5,4%, hasta los 9.809 millones, un tercio del total presupuestado. El SAS mantenía la cartera de servicios sin copagos y daba prioridad a ámbitos como la Atención Temprana Infantil (28,8 millones) y la contratación de más de 1.500 profesionales en atención primaria para ajustar los equipos a las necesidades reales de la población.

País Vasco

En 2025, el País Vasco elevó el presupuesto del Departamento de Salud a unos 5.115,9 millones (+4,4%) respecto a 2024. Osakidetza, el servicio vasco de salud, recibió alrededor de 4.063 millones, con unos 161,7 millones en nuevas inversiones, lo que suponía un incremento de más del 21% en este capítulo. Las prestaciones farmacéuticas alcanzaron los 590 millones y el gasto en vacunas superó los 28 millones.

Para 2026, el Gobierno Vasco aprobó el mayor presupuesto sanitario de su historia: unos 5.237 millones (+4,1%), equivalente a unos 2.400 euros por persona. La salud pública se refuerza con aproximadamente 85 millones, de los cuales 29,5 se destinan a vacunas, junto con otros 5 millones adicionales para la campaña frente a la gripe. Se amplían cribados, programas preventivos y estrategias One Health, que integran salud humana, animal y medioambiental.

Osakidetza gestionará alrededor de 4.276 millones del total, con un fuerte énfasis en personal (unos 2.764 millones, el 65% del presupuesto), nuevas Ofertas Públicas de Empleo superiores a 4.500 plazas y una reducción del 1% en la actividad concertada con el sector privado. Las inversiones ascienden a 202 millones (+23%), alimentando un Plan de Infraestructuras 2025‑2032 dotado con más de 1.500 millones.

La estrategia vasca dedica además unos 47,5 millones a investigación, innovación y tecnología, impulsando proyectos de datos clínicos, medicina personalizada y sistemas de información avanzados, en línea con la apuesta por la ciencia nacional. Más de 1.000 millones se reservan al tratamiento farmacológico y hospitalario, reforzando terapias complejas y medicamentos de alto impacto.

Castilla y León

Castilla y León opera en 2025 con los presupuestos de 2024 prorrogados. En ese ejercicio, el gasto sanitario ascendió a unos 4.879,9 millones de euros (+2,7%), lo que representó más del 41% del presupuesto autonómico y mantuvo el esfuerzo sanitario en torno al 7% del PIB regional. El gasto por habitante alcanzó los 2.110 euros, una de las cifras más altas del país.

La atención primaria recibió alrededor de 1.555 millones, superando el 20% del presupuesto del Sacyl (Servicio de Salud de Castilla y León). La salud pública contó con unos 110,6 millones, orientados a la ampliación del cribado neonatal y a la mejora del calendario vacunal, entre otras líneas.

Las inversiones sanitarias llegaron aproximadamente a 193,4 millones (+7,3%), con actuaciones en nuevos centros de salud, modernización de hospitales y despliegue de tecnología avanzada como cirugía robótica, aceleradores lineales, secuenciadores y patología digital. En farmacia, se destinaron unos 1.076 millones, con especial interés en la entrega cercana al paciente y en la mejora de la prescripción ortoprotésica.

La comunidad reforzó áreas como la reproducción asistida, la salud mental, la atención al dolor, la cronicidad y la oncología avanzada, buscando ganar en calidad y equidad. De cara a 2026, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó que no se aprobarían nuevos presupuestos antes de las elecciones, por lo que la sanidad seguirá funcionando con cuentas prorrogadas, lo que aporta estabilidad pero limita la capacidad de responder con rapidez a nuevos desafíos.

Todo este entramado de cifras, tendencias y decisiones políticas muestra hasta qué punto el presupuesto anual en salud se ha convertido en una pieza clave de la política económica y social en España. Mientras el gasto público y privado siguen creciendo, las comunidades autónomas intentan equilibrar la mejora de infraestructuras, la digitalización, la incorporación de terapias avanzadas y la estabilidad de las plantillas con retos persistentes como las listas de espera, la falta de profesionales en algunas especialidades, la presión asistencial creciente y las desigualdades de acceso según la renta y el territorio.