- El Tribunal Constitucional revisa los cambios legales que permitieron cazar lobos en España.
- La comunidad científica y organizaciones ecologistas advierten que el lobo sigue en estado de conservación desfavorable.
- Se reclama establecer un mínimo de 500 manadas para asegurar la viabilidad de la especie.
- El conflicto entre intereses políticos, ganaderos y ambientales sigue abierto en varias comunidades autónomas.
En las últimas semanas, el lobo ibérico ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad medioambiental y política en España. El Tribunal Constitucional está analizando si las recientes modificaciones legales que permiten reducir la protección de la especie y autorizar su caza en determinadas condiciones respetan o no la Constitución, a raíz de un recurso presentado por el Defensor del Pueblo.
Este proceso judicial se produce en un contexto de fuerte controversia entre gobiernos autonómicos, organizaciones ecologistas, científicos y sectores ganaderos, en pleno debate tanto sobre la viabilidad futura del lobo ibérico como sobre el equilibrio entre biodiversidad y actividades humanas.
Cambios legislativos polémicos y batalla judicial
El recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite por el Tribunal Constitucional impugna varias disposiciones incluidas en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que alteran el régimen de protección del lobo en España. Entre ellas destaca la disposición que permite salir a las poblaciones del sur del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) si cambia la normativa europea, y otra que justifica la caza alegando «eficiencia del sistema productivo» en términos poco claros.
El Defensor del Pueblo argumenta que estas normas podrían vulnerar el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado y a la tutela judicial, además de carecer de soporte técnico o científico suficiente sobre el estado real de la especie.
En paralelo, el levantamiento de la protección ha permitido que regiones como Asturias, Galicia y La Rioja autoricen el control y caza de lobos, mientras Castilla y León prepara su propio informe para decidir. Las comunidades del norte, donde la convivencia entre lobo y ganadería genera mayor polémica, han defendido estas decisiones ante el Gobierno central.
Las organizaciones ecologistas y una parte de la sociedad civil han reaccionado con movilizaciones y recursos judiciales. Miles de personas han salido a la calle y más de 170 entidades han instado a que la protección se mantenga hasta que exista una base científica robusta que avale su disminución.
El estado de conservación: la ciencia es clara
El consenso de la comunidad científica española es unánime al advertir que el lobo ibérico permanece en estado de conservación desfavorable. Un total de 116 científicos, en una carta abierta dirigida a las autoridades y respaldada por organismos como WWF, solicitan que el lobo se mantenga en el LESPRE y se prohíba su caza, subrayando que «las decisiones sobre biodiversidad deben basarse en la mejor evidencia científica, no en intereses políticos».
El último censo nacional, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica, indica que en España existen en torno a 333 manadas reproductoras, una cifra muy inferior al umbral mínimo de 500 que los expertos consideran necesario para la viabilidad de la especie a largo plazo. Además, el ritmo de crecimiento de la población es bajo (apenas un 12 % en la última década) y se enfrenta a amenazas graves como la pérdida de diversidad genética, mortalidad elevada y reducción del hábitat.
Entre los firmantes destacan especialistas como el director de la Estación Biológica de Doñana y referentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diversas universidades. Su mensaje subraya que la evaluación de la situación del lobo debe considerar la totalidad de la población ibérica (España y Portugal) y tener en cuenta la necesidad de fortalecer la conectividad entre manadas.
Por otro lado, informes técnicos recientes desmontan la percepción de un supuesto «crecimiento descontrolado», defendida por algunas regiones. Los datos oficiales sitúan a España lejos de los estándares de conservación exigidos por la Unión Europea y alertan de que la exclusión del lobo del LESPRE se realizó sin estudios científicos sólidos.
Conflicto político y ganadero: posiciones enfrentadas
El conflicto entre el Gobierno central, comunidades autónomas del norte y el sector ganadero sigue siendo intenso. Regiones como Cantabria, Galicia, Castilla y León y Asturias insisten en la necesidad de controlar la población de lobos ante el impacto sobre la ganadería extensiva, aunque desde el Ministerio se recalca que los daños provocados por la especie apenas suponen un 0,3% de las pérdidas totales del sector.
En Cantabria ya se han abatido 16 lobos en lo que va de año, y en Asturias se autoriza un máximo de 53 hasta marzo de 2026, mientras que otras comunidades aún debaten los cupos. En muchos casos, las extracciones se justifican por daños reiterados, pero organizaciones y científicos alertan de la falta de transparencia en los informes regionales y de que el control letal no aborda las causas profundas del problema.
La situación ha llevado a que los tribunales paralicen cautelarmente algunos planes de caza, pero la presión política y social persiste. La reciente decisión de varias comunidades de declarar «favorable» el estado de conservación del lobo en el informe sexenal enviado a Bruselas ha aumentado la polémica, ya que fue adoptada contra el criterio del Ministerio y de la evidencia científica disponible.
El debate público también se ha trasladado a la convivencia entre lobo y ganadería. Existen experiencias exitosas en regiones donde la combinación de mastines, cercados y vigilancia ha reducido los ataques sin necesidad de abatir ejemplares, pero estas fórmulas requieren un apoyo institucional y recursos que no están presentes en todas las zonas afectadas.
¿Qué futuro espera al lobo ibérico?
El futuro del lobo en España depende de encontrar un equilibrio realista entre conservación, desarrollo rural y convivencia. La comunidad científica insiste en que la única garantía de viabilidad para la especie es elevar la protección, frenar su persecución y avanzar hacia una gestión basada en información técnica y no condicionada por polémicas políticas.
El Tribunal Constitucional jugará un papel decisivo en este escenario, al dirimir si los recientes cambios normativos respetan los derechos ambientales reconocidos en la Constitución y si el lobo debe permanecer bajo una protección especial. Mientras tanto, la presión de científicos, asociaciones y parte de la opinión pública recuerda que, más allá de debates partidistas, la supervivencia del lobo tiene profundas implicaciones para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas peninsulares.
