- Nuevas sanciones para quienes busquen contenido considerado extremista en la red
- Posible salida de WhatsApp en favor de una aplicación local controlada por el Gobierno
- Críticas y división tanto entre la oposición como en sectores oficialistas por el endurecimiento de las medidas
- Impacto en la sociedad rusa ante el temor a la autocensura y las crecientes restricciones digitales
En los últimos tiempos, Rusia ha intensificado las barreras al acceso libre a internet, complicando que sus ciudadanos puedan navegar por sitios web y redes sociales que contengan información ajena a la versión oficial de las autoridades. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, estas restricciones han ido en aumento y afectan tanto a plataformas de medios independientes como a páginas de países considerados «inamistosos».
El control sobre la red se eleva aún más tras la reciente aprobación de una ley en el Parlamento ruso que prevé multas para quienes busquen de forma «deliberada» contenido que el Gobierno cataloga como extremista. Esta medida busca reforzar el poder de las instituciones estatales sobre los flujos de información y dificultar aún más el acceso a opiniones disidentes.
Nuevas multas y control sobre las búsquedas en internet
La normativa, que ha sido refrendada tanto por la Cámara Baja (Duma) como por el Senado ruso, impone sanciones económicas de hasta 5.000 rublos (alrededor de 54 euros) a quienes accedan intencionadamente a material prohibido en la red. El alcance de las multas incluye incluso el uso de VPN, una herramienta frecuentemente utilizada en Rusia para eludir los bloqueos de páginas web y acceder a información censurada.
El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, ha defendido que estas nuevas reglas permitirán a Rusia enfrentarse «con mayor eficacia a las plataformas digitales occidentales», acusadas por el Gobierno de actuar en contra de los intereses rusos. Se anticipa, además, que la ley se utilizará como instrumento para limitar el impacto de servicios de mensajería y redes sociales de empresas originarias de países occidentales.
Amenaza de expulsión a WhatsApp y el desarrollo de una alternativa local
Esta oleada legislativa se produce poco después de los debates en la Duma acerca de una posible prohibición de WhatsApp en el país. Algunos diputados han sugerido que la conocida aplicación de mensajería deberá abandonar el mercado ruso para dar paso a una herramienta nacional llamada Max, que todavía se encuentra en periodo de pruebas y cuyo funcionamiento recuerda a la controvertida app china WeChat, señalada por vigilar a sus usuarios y ceder información al Gobierno.
WhatsApp, pese a tener unos cien millones de usuarios en Rusia, sigue operando incluso cuando la matriz de la aplicación, Meta, está catalogada oficialmente como entidad extremista y prohibida en el país. Las nuevas leyes y declaraciones políticas hacen pensar que su continuidad está en entredicho, lo que podría afectar masivamente la forma en que la población rusa se comunica por internet.
Oposición, división política y dudas sobre la aplicación
Las nuevas medidas han generado fuerte oposición y dudas tanto entre activistas por los derechos digitales como dentro de la propia clase política. Figuras como Borís Nadezhdin, conocido por intentar competir electoralmente contra Vladímir Putin, han liderado pequeñas protestas frente al Parlamento argumentando que «la sociedad rusa no había mostrado tanto recelo en mucho tiempo» respecto a una ley.
Según Sarkis Darbinian, fundador del colectivo Roskomsvoboda, la norma podría desencadenar un aumento de la autocensura y la cancelación masiva de canales en Telegram o la eliminación de apps consideradas potencialmente peligrosas. A su juicio, la ley busca «crear miedo, incertidumbre y favorecer el autocontrol» entre los internautas.
Internamente, la votación para aprobar la ley estuvo marcada por divisiones: mientras Rusia Unida, el partido en el poder, la avaló con mayoría absoluta, otros partidos como Nueva Gente, Rusia Justa y el Partido Comunista manifestaron sus reservas o directamente votaron en contra. Entre los argumentos esgrimidos está la preocupación por la penalización de quienes accedan a información sin saber que está prohibida y el temor de que la norma se emplee de forma arbitraria.
Un marco legal ambiguo y supervisión estatal intensificada
La ley deja muchos interrogantes sobre la forma en que las autoridades identificarán la intencionalidad de una búsqueda en internet. El Ministerio de Desarrollo Digital ha intentado aclarar que solo se sancionará si se puede demostrar que el usuario pretendía efectivamente acceder a material extremista, aunque la lista oficial de entidades prohibidas supera las 5.500 referencias, incluyendo colectivos como la Fundación Anticorrupción, el «movimiento internacional LGTB» o empresas tecnológicas como Meta.
Esta indefinición genera temor entre la población, ya que cualquier ciudadano podría acceder involuntariamente a páginas prohibidas o buscar información ignorando que está incluida en el listado negro. Pese a las explicaciones dadas por las autoridades, la percepción generalizada es que el margen de interpretación es amplio y podría ampliarse el control estatal sobre la vida digital de los rusos.
El endurecimiento de la legislación sobre internet en Rusia no solo implica nuevas sanciones, sino que también aumenta la presión social y política sobre los ciudadanos, extendiendo el alcance de la autocensura y reforzando el control gubernamental de la esfera digital.
