- La CNMC impide la subida de la cuota de la línea fija 1P de Telefónica, actualmente en 17,40€/mes sin llamadas.
- El organismo **destaca la vulnerabilidad de los usuarios** de este servicio: son principalmente mayores y con bajo poder adquisitivo.
- Alega que la subida no está justificada por costes ni se ajusta al mercado, ya que otros operadores ofrecen precios menores con llamadas incluidas.
- La eficacia del abono social es mínima y la medida se considera insuficiente para proteger a los afectados.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la propuesta de Telefónica de aumentar la tarifa de su línea de telefonía fija no empaquetada (conocida como línea 1P), señalando que la medida no cumple con el criterio de asequibilidad establecido en la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel). Actualmente, esta tarifa tiene un coste mensual de 17,40 euros (IVA incluido) sin incluir minutos de llamadas, una subida que la operadora anunció en octubre de 2024, pero que aún no ha entrado en vigor.
Detrás de esta negativa hay una razón de peso: la población usuaria de esta tarifa responde a un perfil particularmente sensible. Según los datos analizados por la CNMC, aproximadamente el 92% de los clientes que mantienen esta línea superan los 65 años de edad y más del 80% corresponden a personas de renta baja o media-baja. Estos usuarios suelen ser jubilados o dedicados a tareas del hogar, residentes en áreas rurales y con formación académica básica. Este contexto social hace que la línea 1P sea un recurso esencial para personas con escasas alternativas tecnológicas y económicas.
La tarifa y el colectivo afectado
A pesar de que la importancia de estas líneas ha ido disminuyendo año tras año —la mayoría de consumidores prefiere integrar la telefonía fija en paquetes con banda ancha—, la CNMC resalta que la protección de este colectivo sigue siendo prioritaria. El análisis estadístico muestra que la disminución de tarifas en el sector (del 7,4% desde 2013 para servicios de telecomunicaciones y del 65% en líneas fijas empaquetadas) apenas ha beneficiado a quienes mantienen la modalidad 1P.
Además, el regulador advierte que el precio que actualmente cobra Telefónica por la línea 1P ya supera el de otros competidores, quienes comercializan productos similares —incluyendo llamadas nacionales— con cuotas que oscilan entre 12,95 y 14,60 euros. La justificación de la subida, basada en un supuesto aumento de costes, se desmorona ya que la adopción de tecnologías como el acceso fijo radio ha reducido los costes del servicio. Para entender mejor cómo funcionan los diferentes servicios, puedes consultar nuestra guía sobre internet sin línea fija.
Supervisión y obligaciones del servicio universal
La ley otorga a Telefónica la condición de operador encargado del servicio universal, lo que implica garantizar la disponibilidad de la telefonía fija en todo el país a un precio asequible. Aunque los precios minoristas pueden regularse libremente, cuando se trata de un servicio obligatorio para todos, la accesibilidad económica adquiere un papel fundamental.
La CNMC señala que, según la normativa vigente, no existe ninguna razón técnica ni económica que justifique un incremento en el precio de la línea 1P, especialmente cuando sus beneficiarios tienen una capacidad limitada para reaccionar financieramente y, en muchas ocasiones, no poseen recursos ni conocimientos para cambiar de operador o modalidad.
Impacto limitado del abono social
Uno de los argumentos de Telefónica era la existencia del abono social —un descuento del 90% en la cuota para quienes cumplen ciertos requisitos de vulnerabilidad—, pero la CNMC revela que sólo el 4,5% de los potenciales clientes de esta tarifa acceden actualmente a ese beneficio. El resto, en cambio, tendría que afrontar cualquier subida sin ayuda, lo que evidencia que esta herramienta resulta insuficiente.
El regulador afirma que la subida comunicada no se ajusta a la evolución del mercado ni respeta los principios de equidad que rigen el servicio universal. Por ello, exige a Telefónica mantener el precio vigente y no perjudicar a los segmentos más vulnerables.
La posición de la CNMC, que se ha alineado con los intereses de los consumidores más desprotegidos, refuerza la importancia de equilibrar la liberalización del mercado con mecanismos de protección efectivos. La vigilancia sobre la asequibilidad seguirá siendo esencial en la evolución de las tarifas, especialmente en servicios considerados fundamentales para la integración social y digital de los sectores más vulnerables.
