- Trabajo confirma un ciberataque contra Prevencion10.es que ha dejado el servicio inoperativo.
- Bloqueadas 16.091 IPs y registradas 49,4 millones de peticiones en 24 horas.
- No hay prórroga formal, pero se prevé flexibilidad en la inspección por la incidencia.
- La obligación de evaluación conlleva multas de 2.451 a 49.180 euros si se incumple.
La plataforma pública Prevencion10.es, gestionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha sufrido una caída atribuida a un ataque malicioso confirmado que coincide con el cierre del periodo de gracia para formalizar la evaluación de riesgos en el hogar. La incidencia ha dejado la herramienta fuera de servicio justo cuando más accesos se concentraban.
Según datos del propio departamento, en las últimas 24 horas se han bloqueado 16.091 direcciones IP que llegaron a generar 49,4 millones de transacciones, un volumen inusual que saturó el sistema. Trabajo apunta a la actuación de bots automatizados como causa de la sobrecarga artificial.
Cronología y alcance del incidente
En un primer momento se interpretó la interrupción como una sobrecarga de usuarios, pero los análisis posteriores han confirmado que se trató de un ataque coordinado. El origen de las solicitudes no ha sido precisado y, por ahora, no consta que se haya presentado denuncia ante las autoridades.
El mensaje visible para quienes intentaban acceder avisaba de una caída del servicio y agradecía la comprensión mientras se trabajaba en su restablecimiento. La degradación del acceso comenzó horas antes del vencimiento del plazo, con picos desde la tarde del día previo.
Qué es Prevencion10.es y a quién afecta
Prevencion10.es es una herramienta gratuita y de acceso público del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que permite a los hogares cumplimentar la autoevaluación de riesgos laborales para las empleadas y empleados del hogar. Tras seis meses de funcionamiento, su uso se vuelve exigible para los empleadores domésticos.
El proceso consiste en introducir datos del empleador y de la persona trabajadora, describir tareas y responder un cuestionario por bloques. Con esa información, la aplicación genera un Plan de prevención de riesgos que deben firmar ambas partes y conservar en el domicilio por si lo solicitara la Inspección de Trabajo.
El INSST ha habilitado vías de consulta para dudas operativas (por ejemplo, el correo prevencion10@insst.mites.gob.es), si bien estos canales informan de que el buzón puede responder de forma automática mientras persista la incidencia técnica.
Plazos, sanciones y criterios de inspección
El plazo de seis meses fijado por la normativa expira ahora y Trabajo no ha anunciado una prórroga formal. No obstante, fuentes oficiales señalan que se tendrá en cuenta el problema informático y que la actuación inspectora no arrancará “desde el minuto cero” con sanciones, priorizando la resolución de la incidencia y el acompañamiento.
El régimen sancionador prevé que el incumplimiento leve pueda acarrear multas de hasta 2.450 euros, mientras que las infracciones graves parten de 2.451 euros y pueden escalar, con agravantes, hasta 49.180 euros. La finalidad declarada de la medida es preventiva y de protección, no recaudatoria.
Cifras del empleo doméstico y contexto
En España están afiliadas en el Sistema Especial del Hogar en torno a 348.000 personas, un colectivo altamente feminizado y con elevada presencia de mujeres extranjeras. Las encuestas laborales estiman un volumen superior, lo que sugiere bolsas de empleo no registradas.
La implementación de obligaciones de prevención en el ámbito doméstico conlleva retos añadidos: la inviolabilidad del domicilio limita las inspecciones presenciales sin consentimiento o autorización judicial, lo que obliga a reforzar la información, la formación y el seguimiento documental.
Reacciones y próximos pasos
Desde el Ministerio se recalca que un ciberataque no alterará el despliegue de derechos laborales en el servicio del hogar. Equipos técnicos del INSST y Trabajo trabajan para estabilizar la plataforma y fortalecer los mecanismos anti-bots y de mitigación.
Organizaciones sindicales como UGT recuerdan que la obligación de evaluar los riesgos deriva del Real Decreto 893/2024 y valoran la existencia de una herramienta pública, mientras expertos señalan la necesidad de apoyo extra a empleadores con menos competencias digitales.
Con la web temporalmente inoperativa por un ciberataque a Prevencion10.es, Trabajo confirma la naturaleza maliciosa del colapso, descarta por ahora ampliar plazos de forma oficial y anuncia flexibilidad en la aplicación inicial. Los hogares deben completar la evaluación y disponer del plan firmado en cuanto el servicio esté restablecido, evitando así posibles sanciones.